Leyendo la Constitución Española. 10/06/2008

Originariamente publicado en www.puedoprometeryprometo.com el 10 de junio de 2008

Echando una ojeada a la Carta Magna, al poco se hace evidente que aquellos que están todo el tiempo diciendo defenderla, la interpretan con una parcialidad asombrosa. Y lo hacen siempre dándole un carácter de sagrado a determinados artí­culos, para olvidarse de otros muchos que, de cumplirse, exigirí­an cambios importantísimos en el sistema económico

Los incumplimientos más conocidos de la Constitución son los referentes a los derechos al trabajo con remuneración suficiente y a la vivienda digna. Ambos están consignados claramente en los artículos 35 y 47, pero el mercado, por encima de la ley, sigue permitiendo que el desempleo ronde el 10% y que sean necesarios dos sueldos para poder abordar una hipoteca a 30 ó 40 años.

Sin duda, la Constitución Española no es socialista. En el art. 38 habla de libertad de empresa en una economía de mercado (aunque también menciona la planificación económica). Pero las restricciones al capitalismo están claramente fijadas para todo aquel que las quiera leer:

• Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
• Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
• Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así­ lo exigiere el interés general.
• Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Pues ya ven ustedes..., resulta que nuestra Ley Suprema, que prácticamente todos dicen defender, obliga a impedir la especulación, reconoce explícitamente que debe haber empresas públicas en los sectores estratégicos, deja abierto el camino a las nacionalizaciones y dice que se debe facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

No hace falta ser un gran analista para darse cuenta de que es todo lo contrario a lo que tenemos: cada vez más especulación, más capitalismo, más privatizaciones y más mercado puro y duro. Por supuesto, lo de las cooperativas y el acceso a los medios de producción de los trabajadores son cosas que suenan a jerga marxista y parece imposible que sea algo que esté en nuestra constitución.

¿Y ahora qué?. El sector público prácticamente no existe. Sólo quedan las empresas muy deficitarias, las que no se pudieron vender, apagándose lentamente a base de prejubilaciones. En ninguno de los sectores estratégicos de la economía tiene el estado capacidad de maniobra. Se vendieron la siderurgia, la telefoní­a, el transporte aéreo, las fábricas de armas, las eléctricas, el combustible, la industria automovilí­stica y se dejaron morir las minas y los astilleros. Las cooperativas, a pesar de su mención explícita en la Constitución, no tienen ningún peso fuera del ámbito agrícola.

De esto se deduce que el gobierno no tiene empresas que marquen la pauta a seguir a la industria española. No puede fijar precios de materias primas, ni productos básicos, ni del suelo. La legislación europea le impide cualquier tipo de intervención en el mercado. Su única posibilidad de maniobra, dentro de este perfecto entramado neoliberal, para "crear riqueza" es la reducción de impuestos a los empresarios. La receta para "crear empleo estable" es facilitar el despido ("flexibilizar el mercado de trabajo" que le llaman). Cuando se habla de "crear tejido industrial" sólo puede plantearse hacer carreteras y regalar suelo a los empresarios.

En resumen, sin un cambio radical en nuestra democracia, dará igual lo que votemos. El gobierno no puede intervenir en la economía, el ministro está ahí sólo para intentar predecir los cambios de ciclo y decidir qué impuesto bajar. No hubo más que ver el debate Solbes-Pizarro de la pasada campaña. Igual que no hay más que ver las alternativas que da el PP a la política del gobierno: ninguna. Sin embargo, en la campaña electoral, PP y PSOE prometieron crear dos millones de puestos de trabajo sin explicar cómo y prometieron bajar impuestos sin decir qué reducción de presupuesto permitirí­a esta bajada.

Un ejemplo de la paradoja en que vivimos, con unos gobiernos incapaces de poner la más mínima limitación al mercado, es la huelga de estos dí­as. Los huelguistas del transporte (autónomos en su mayorí­a) exigen al gobierno algo que el libre mercado prohibe: imponer precios mí­nimos para evitar que las empresas grandes les arrollen en épocas de vacas flacas. Los armadores de pesqueros exigen que se limiten las importaciones, ignorando que el sistema económico que votaron no lo permite.

Y todo así... Las empresas que reciben subvenciones para instalarse se "deslocalizan" a los pocos años, dejando en la calle a los trabajadores, la sanidad empieza a ser un servicio simplemente subcontratado por la administración. La enseñanza universitaria, con los nuevos títulos de posgrado, pasará a ser para los que se la puedan pagar. Y la última noticia maravillosa: ahora podremos trabajar 60 horas semanales. Un gran avance en nuestros derechos que debemos agradecer a los "liberales" de Europa, ya que me sentía como encadenado con la obsoleta restricción legal de 8 horas diarias.

¿No vemos hacia dónde estamos dejándonos arrastrar sin protestar siquiera? Si seguimos votando cada cuatro años para que nada cambie, todo será igual. Si para los españoles la ideología son los matices formales que diferencian a PP y PSOE, no me extraña que se pueda hablar del fin de las ideologías. Las discusiones más fuertes entre gobierno y oposición son por la redacción del "estatut" o por la gestión de la tregua etarra. Por tanto es cierto eso que se dice que ya no existe la división izquierda-derecha. Sólo existen dos partidos que discuten matices en el modo de gestión, pero nunca el fondo de lo que de verdad importa. El sistema económico y social que da el poder al mercado, por encima de los ciudadanos no se pone en duda, al contrario, se liquidan los pocos mecanismos que pudieran cuestionárselo.